La exposición de motivos de la propuesta legal señala que "merecen toda la protección y estímulo por parte del Estado" los pequeños arrendadores: "familias que por razones diversas deciden arrendar con precios y condiciones justas".
Resalta la importancia entonces de diferenciar "el arrendamiento especulativo y explotador, de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables".
El texto también rechaza la existencia de inquilinos "que intentan generar condiciones injustas ante arrendadores responsables, desde posiciones y prácticas capitalistas y excluyentes, que buscan aprovecharse de las luchas de las organizaciones populares y las políticas revolucionarias del Estado para apropiarse indebidamente en algunos casos de la vivienda principal y única de arrendadores, que son pequeños propietarios con igual situación de necesidad en relación con la vivienda".
El combate a la especulación en las relaciones arrendaticias se concreta a través de la fijación de un canon de alquiler mediante una metodología que toma en cuenta los criterios del valor de construcción en la actualidad, la dimensión de la infraestructura, la vida útil, la vulnerabilidad sísmica y la ubicación geográfica.
"No se trata de eliminar el arrendamiento en Venezuela, sino de su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para un arrendamiento justo", señala la Exposición de Motivos.
Elizabeth Santos, de la Red Metropolitana de Inquilinos, una de las organizaciones promotoras del proyecto de ley, dijo este viernes que era necesaria una regulación para un sector que estaba casi liberado por completo.
El ente del Estado que regirá esta materia es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que formará parte del Ministerio para la Vivienda y Hábitat y sustituirá a la actual Dirección Nacional de Inquilinato.
Entre sus funciones está la fijación del canon, la inspección y fiscalización de los inmuebles y personas sujetos de la ley, imponer sanciones y determinar indemnizaciones, proveer de refugio o vivienda transitoria a quienes deban ser desalojados y no tienen techo a donde ir y revisar los contratos.
Este proyecto de ley amparará a más de 750.000 familias que viven en condición de arrendamiento en el país, más aquellos que habitan en pensiones y en residencias estudiantiles.
Fue el primero presentado ante la AN por iniciativa popular, en marzo de 2011, por el movimiento de inquilinos, con el respaldo de 400.000 firmas.
La propuesta fue nutrida con aportes de diferentes sectores, antes de pasar a discusión en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, siempre acompañada por los inquilinos, así como por representantes de los propietarios.
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