NOTIFAL / Coro, Estado Falcón.- ( Especial)
El 8 de octubre del presente año, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales solicitó ante la Asamblea Nacional, se le facultara para dictar decretos con fuerza de ley, lo cual ocurre mediante la aprobación de una Ley Habilitante.
El último aparte del artículo 203 de nuestra Carta Magna se refiere a las leyes habilitantes, como aquellas sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley.
En palabras del Presidente de la República, la solicitud es para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política, una nueva vida republicana y por una buena sociedad, lo cual no puede ocurrir si estamos siendo atacados por el terrible flagelo de la corrupción.
El Artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece entre los fines del Estado “la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo”. Indudablemente que la corrupción compromete seriamente el alcance de tan importantes fines, pues la satisfacción de los derechos sociales de toda la población se ven afectados por la desviación de los dineros públicos mediante irregularidades administrativas.
De allí, que la decisión política más trascendental de cualquier gobierno es combatir fuertemente la corrupción. Frenarla significa garantizar la dotación de los hospitales públicos, la construcción de viviendas dignas, la modernización de los servicios públicos, el desarrollo de la agricultura, la creación y ampliación de universidades, entre otros.
De manera que esta lucha implica salvaguardar políticas públicas exitosas en materias de gran trascendencia nacional como la seguridad agroalimentaria, la educación y la salud, que constituyen bastiones fundamentales para la soberanía y la independencia del país.
Por ello, el Ministerio Público asume un gran compromiso con esta Ley Habilitante y, en consecuencia, pondrá todo su empeño en enfrentar enérgicamente el fenómeno de la corrupción y lograr para Venezuela la consolidación de los valores éticos y morales establecidos en nuestra Constitución.
Fiscal General de la República.
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