Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos en Cuba Fiscal General:Venezuela tiene andamiaje legal para atacar la corrupción en todos sus frentes

    (Caracas, 09 de noviembre de 2011) especial para NOTIFAL/ Coro, Estado Falcon.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que Venezuela cuenta con todo el andamiaje legal necesario para atacar la corrupción desde todos los frentes, bien sea la prevención, supervisión, control y fiscalización, y hasta sanciones de índole civil, disciplinario, administrativo y penal cuando fallen los controles para evitar los hechos contra el patrimonio público.  La también presidenta del Consejo Moral Republicano (CMR) intervino como ponente en el V Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, evento que se inauguró esta mañana y que finaliza este viernes 11 de noviembre
 Durante su discurso, Ortega Díaz hizo un análisis sobre el sistema de valores instaurado en gran parte del mundo actual, el cual está enmarcado dentro de una concepción económica predominantemente liberal, que ha conducido, entre otros factores negativos, al aumento de la corrupción.
 En un análisis estructural del fenómeno de la corrupción, Ortega Díaz hizo un diagnóstico en el cual resulta innegable que el sistema de valores instaurado en gran parte del mundo actual está enmarcado dentro de una concepción económica de libre mercado cuyo elemento fundamental es el consumismo y el individualismo, lo que hace necesario la creación de un nuevo sistema de valores donde prevalezcan los principios de ética, solidaridad, justicia y cooperación.
 “Los antivalores históricamente han llevado al ser humano al desconocimiento de su dignidad, familia, honor y patria; y deben ser erradicados con actitudes ubicadas en el plano humano del altruismo, orientados por el principio de inclusión, el cual nos guía hacia el compromiso de trabajar por el rescate de nuestras comunidades, seres amados, nuestro mundo”, expresó.
 Consideró que no se debe abordar el tema de la corrupción exclusivamente desde la óptica del delito, ya que se incurre en una especie de fragmentación del problema; pues se encara la situación desde el punto de vista de las consecuencias, mas no desde sus causas.
 “El fenómeno de la corrupción en nuestras sociedades tiene su origen en la crisis de los fundamentos éticos que, según el sociólogo Edgar Morin, es producida y productora del deterioro acrecentado del tejido social en numerosos dominios, de la degradación de las sociedades tradicionales y la sobrevaloración del dinero, entre otros”, acotó la Fiscal General.
 En relación con el problema de la corrupción desde el punto de vista venezolano, reconoció que desde el comienzo de nuestra era republicana hemos sido testigos y víctimas de la corrupción, unas veces presentada como fenómeno político; otras, como fenómeno social y, en algunas ocasiones, de manera malvada e intencional, como un fenómeno cultural, lo que ha sido insinuado por algunos, como inherente o propio de nuestra idiosincrasia, como si se tratara de un estigma de pueblos en vías de desarrollo.
 Lamentó Ortega Díaz que en décadas pasadas la corrupción alcanzó límites insospechados, capaces de trastocar todo el sistema de gobierno, lo cual además afectó a todos los entes que lo componen.
 “Se llegó al extremo de tener una Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, donde se permitía el juicio en ausencia. Todo un monumento a la impunidad y al desconocimiento de la garantía del debido proceso; pero, no conforme con ello, se estableció legislativamente un lapso de prescripción de apenas cinco años para todos los delitos previstos en ella”, recordó.
 En su criterio, esa inaudita verdad permitió que la corrupción se institucionalizara o constituyera en sí misma un sistema; y bajo ese esquema, ocurrió en el año 1994, una crisis financiera que produjo y arrastró a la quiebra todo el sistema financiero privado.
 Puntualizó que en ese entonces unos banqueros se apoderaron indebidamente del dinero del pueblo de Venezuela, y en ese momento sí funcionó el auxilio financiero del Estado para los banqueros y no para los ahorristas que quedaron totalmente desprovistos de sus ahorros.
 “Estos auxilios financieros fueron desviados y desaparecidos en menos de 48 horas por los dueños de los bancos en quiebra. Aseguran expertos en la materia, que Venezuela aún no se ha podido recuperar completamente de las consecuencias de ese hecho de corrupción”, enfatizó.
 Asimismo, se refirió al otro vergonzoso momento histórico que exhibe o describe la corrupción de la que fue víctima la sociedad venezolana. “Durante los años de 1984 a 1989, el Presidente de ese entonces (Jaime Lusinchi), acordó pagar parte de nuestra deuda externa, pero para hacerlo tuvo que cumplir con la exigencia de los bancos privados internacionales de que se pagara, además, la deuda que un grupo de familias venezolanas conocidas históricamente en nuestro país como “los amos del valle” habían contraído con la banca internacional y que, para aquel entonces, habían incumplido la obligación de pago”.
 Precisó la Fiscal General que tal aberración se hizo con la anuencia de todos los Poderes Públicos, situación que dejó las reservas operativas de Venezuela en menos de 400 millones de dólares al final de ese período presidencial.
 “Pero lo más vergonzoso e indignante es que todos aquellos presuntos culpables fueron absueltos por el sistema de justicia establecido en ese entonces por haber operado la prescripción”, narró.
 Ahora no es como antes
 Luego de ese planteamiento, la máxima autoridad del Ministerio Público (MP), se refirió a la refundación de la patria una vez que se aprobó, mediante un proceso constituyente originario, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual implicó el inicio de la promoción de un cambio de la cultura de la impunidad a la de los valores, la ética y la justicia, como lo establece la exposición de motivos del referido texto fundamental.
  Manifestó que resulta imposible abordar el tema de la corrupción sin su antítesis que son los valores, consagrados en la Carta Magna tal cual son los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
 “En lo atinente a la participación y rendición de cuentas, concebidas ambas como principios, es importante señalar que su consagración obedece a la forma que tenemos de pensar la democracia: la ‘democracia participativa y protagónica’ de la que nos habla el preámbulo constitucional, y que nos ha colocado en contradicción con la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que plantea exclusiva y excluyentemente la ‘democracia representativa’ “, indicó la Fiscal General.
  Destacó que desde el CMR se ha emprendido desde hace seis años un Programa de Formación Ciudadana orientado a la prevención de la corrupción, por cuanto se trabaja desde la escuela y en todos los niveles de la educación en fomentar los valores, virtudes, deberes y derechos ciudadanos previstos en la constitución.
 Vinculó la creación del Poder Ciudadano o Moral, con la lucha emprendida por el Libertador Simón Bolívar contra la corrupción cuando se vio obligado a promulgar el decreto, firmado en Lima, Perú, el 12 de enero de 1824, mediante el cual castigaba con la pena capital a “todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado por sí de los fondos públicos…”.
 Narró que, entre los considerandos del mencionado decreto, se estableció: “que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos”, y que “el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias...”.
 De esa manera, mostró que el flagelo de la corrupción no es de reciente data, al contrario, “fue un cáncer ya advertido por nuestro Libertador Simón Bolívar, que tomó acciones radicales con el ánimo de si no eliminarla, al menos reducirla a su mínima expresión”.
 La Fiscal General reconoció que desde Bolívar a nuestros días, la corrupción ha seguido en aumento y además, se ha modernizado y perfeccionado; pero que nuestra legislación ha ido evolucionando igualmente.
 “Obviamente, hoy el Estado venezolano es contrario a la pena de muerte, pero en estos últimos 12 años, en nuestro país, se ha construido todo un ordenamiento jurídico dirigido a perseguir y sancionar estas conductas lesivas que han causado tanto daño al erario público”.
 Como una muestra de lo certero de esa expresión, Ortega Díaz enfatizó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 271, establece la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, así como la confiscación de los bienes provenientes de dicha actividad, por supuesto, previa decisión judicial.
 Adicionalmente, el procedimiento para el juzgamiento de los hechos de corrupción se realiza de acuerdo con todos los principios y garantías establecidos en las leyes, es decir, en estricto apego a todas las normas del Código Orgánico Procesal Penal, destacando el juicio previo y el debido proceso, la participación ciudadana, autonomía de los jueces, presunción de inocencia o respeto a la dignidad humana por sólo citar algunas.
 Señaló que en el plano internacional, Venezuela ha suscrito acuerdos tanto bilaterales como multilaterales orientados a prevenir, perseguir y sancionar los hechos de corrupción, entre los que destacan principalmente la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas en la lucha contra dicho flagelo.
 El papel del Ministerio Público
 Respecto al ordenamiento interno venezolano, la Fiscal General explicó que existe una serie de instrumentos legales orientados a combatir el fenómeno, siendo uno de los más importantes la Ley Contra la Corrupción.
 “Es importante tener presente que las sanciones a estos hechos no se limitan a penas privativas de libertad sino que, además, pueden imponerse sanciones civiles, administrativas y disciplinarias, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso”, aclaró.
 Aseveró que la citada ley no está dirigida únicamente a los funcionarios públicos sino que también se incluye a cualquier persona que de alguna manera tenga vinculación con el Estado e, incluso, a aquellos que sin ser funcionarios públicos se encuentren relacionados con estas conductas.
 Informó sobre los diversos mecanismos existentes en Venezuela para combatir la corrupción, entre ellos, la declaración jurada de patrimonio tanto al ingreso como a la salida de sus cargos para todos los funcionarios públicos; el castigo tanto para jueces como para fiscales del MP que no acaten las normas legales, entre otros.
 También se refirió a las normas que establece la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada para prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con esa forma nefasta de asociación ilícita.
 En lo atinente a la función del MP, subrayó que existen fiscales con la competencia específica para actuar en los casos de delitos contra el patrimonio público, los cuales están repartidos en todo el territorio nacional, existiendo actualmente un aproximado de 130 funcionarios de este rango.
 “Aunado a ello, se creó en enero de 2008, la Unidad Anticorrupción, con el fin de atender de manera inmediata las denuncias sobre irregularidades administrativas ocurridas dentro del sector público”, acotó Ortega Díaz.
 Calificó como un hecho trascendental e histórico lo ocurrido en Venezuela durante el año 2010, en el cual se brindó seguridad a todos los venezolanos. “Se trata de la actuación del Ministerio Público con ocasión a las investigaciones iniciadas a raíz de las intervenciones de 15 bancos privados, donde se ejercieron acciones orientadas no sólo a castigar a los responsables de los delitos cometidos en detrimento de miles de venezolanos sino también al aseguramiento de los bienes de las empresas y personas incursas en delitos, para lograr la recuperación de activos, lo que permitió minimizar el daño causado al patrimonio del Estado y de los propios ahorristas”.
 Presentó un balance por estos casos de 13 acusaciones contra 20 banqueros, directivos y administradores de instituciones bancarias, quienes actualmente se encuentran procesados y privados de libertad; y existen 79 órdenes de captura contra otros que lograron evadirse y, en la actualidad, se encuentran prófugos de la justicia venezolana.
 Diferenció ese intento de crisis financiera fracasada con la ocurrida en 1994, cuando existía un Estado que auxilió a los banqueros y dejó en la ruina a cientos de miles de familias venezolanas.
 “Otro caso relevante, en el cual se puso de manifiesto la actuación del Ministerio Público para hacer cumplir la ley, y no permitir que se causara un perjuicio al patrimonio público y a la estabilidad del sistema financiero venezolano, fue la intervención de las Casas de Bolsas, lo cual fue atendido igualmente por la Dirección Contra la Corrupción, donde los fiscales que trabajaban los casos acusaron a los responsables de acciones delictivas como comercialización ilícita de divisas, asociación para delinquir, simulación de operaciones bursátiles y legitimación de capitales” indicó.
 Paralelamente a esas acciones, el MP trabaja en el plano comunitario con las redes y organizaciones sociales, consejos comunales y otros mecanismos de organización en Venezuela que crecen apoyados en el mandato constitucional que permite la participación protagónica de las comunidades organizadas en la formación de la ética y valores ciudadanos a través de la implantación del programa Plan de Prevención Social del Delito y Defensa de los Derechos Humanos.