En el auditorio “María Mercedes Colina”
de la Gobernación de Falcón, la gobernadora del estado falcón Stella Lugo de manera conjunta con la
defensora, Zoremil Chirino; el fiscal superior, Argenis Ruiz y Wilmer
Guerrero, director de la oficina regional del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente y de la Secretaría de Ambiente del Ejecutivo,
se reunió con parte de los afectos a fin de determinar las directrices a
seguir para la entrega de la tercera etapa conformada por 96 viviendas construidas por la asociación civil "Crepúsculo Coriano" que viene realizando sus operaciones desde el año 2005 hasta la presente fecha.
En la mañana de este viernes se
tenían más de 150 denuncias, de las más de 400 que se estima contabilizar en este
caso,de acuerdo a las denuncias donde se acusa a los miembros de la OCV “Crepúsculo Coriano,y el
consejo comunal, de cobrar un “cupo” para adjudicar una casa.
“Necesitamos saber cuál es la dimensión
exacta de las personas de este urbanismo que están esperanzados en tener
una casa, para luego asignarlas en una asamblea general, bajo los
criterios del Gran Misión Vivienda Venezuela”, dijo Lugo.
Entre las denuncias se destaca el pago
entre cinco mil, 12 mil y hasta 40 mil bolívares por personas desde el
año 2005, dinero que era recibido por los integrantes de la OCV.
Gestionar ante el Ministerio
Ante la cantidad de familias
manifestadas en este hecho y que requieren de una vivienda, la
mandataria regional señaló que próximamente se edificarán 36 casas más
para satisfacer a otro grupo de familias.
No obstante, indicó que llevará ante el
ministro del poder popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda,
Ricardo Molina, un proyecto para la construcción de más viviendas que
serán ubicadas en un terreno donado por la alcaldía de Miranda.
“Se hará una evaluación para tener el
expediente de cada una de las personas necesitadas de vivienda para
luego impulsar un proyecto ante el Ministerio”, refirió.
Privativa de libertad a los responsables
El fiscal superior, Argenis Ruiz, indicó
que se recibirán todas las denuncias a fin de hacer la investigación
respectiva y en caso de determinar responsabilidades por estafa
inmobiliaria, se aplicará la sanción de privativa de libertad y aquellas
medidas establecidas en el proceso penal de acuerdo a la
proporcionalidad del delito.
Ruiz manifestó, que siguiendo los
lineamientos que dictan las leyes, se respetará el debido proceso y
derecho a la defensa de los presuntos responsables de esta posible
estafa masiva.
Para el lunes 23, tanto la Defensoría
del Pueblo como el Ministerio Público continuarán recibiendo, en la sala
“María Mercedes Colina”, las acusaciones que logre determinar con
exactitud cuántos son los afectados y hallar una solución rápida al
problema.
Amenazas
En esta asamblea, los afectados
manifestaron además haber recibido amenazas con el propósito de que no
asistieran a la convocatoria efectuada por la mandataria regional.
“No se pueden dejar manipular, la
comunidad no puede tener miedo y deben denunciar cualquier hecho que
consideren irregular”, exhortó la gobernadora Stella Lugo al tiempo que indicó “aquí se debe
crear un precedente, nadie debe cobrar por asignar una casa, para eso
existen los canales regulares”.
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