NOTIFAL/ Coro, Estado Falcón.- Este jueves, el ministro para Comunicación e Información, Andrés Izarra, resaltó el carácter autónomo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al decretar un embargo ejecutivo a la televisora privada Globovisión por Bs 24.4 millones.
"El Tribunal Supremo tomó una decisión independiente. El ejecutivo no tiene nada que ver en la decisión que tomó hoy el TSJ", señaló el ministro Izarra durante la inauguración de la Sala de Prensa del Gobierno Bolivariano en el centro de Caracas.
El fallo del TSJ vino después de que Globovisión se negara a pagar una multa de Bs 9.3 millones impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), luego de que ésta determinara que la planta privada había violado a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión durante la cobertura de los hechos ocurridos en el Centro de Reclusión El Rodeo a mediados de 2011.
En este sentido, Izarra reiteró que "en Venezuela impera el estado de derecho", pues el regulador correspondiente en este caso (Conatel) impuso la multa, y Globovisión apeló, el caso fué llevado a la máxima instancia judicial y ésta mediante la aplicación de la ley decretó el embargo a la televisora GLOBOVISION ahora por la suma de 24.4 millones que amerita intereses y demás gastos en un proceso de hace un año al cual la planta se negó a pagar en el momento que le correspondía la cancelación de una suma que algunos analistas consideraron como muy modica para esa oportunidad en la que el Sr. Guillermo Zuloaga aún prófugo de la justicia venezolana dijo a través de los medios de comunicación,que no importaba y la pagaría sin embargo apelaron la medida con "bufetes" de abogados, es decir , utilizando en mismo modus operandi de los estafadores de las empresas inmobiliarias, empero, sus alegatos no prosperaron ante un delito público y notorio de violación por parte del canal de noticias, sin embargo, ahora en la nueva decisión del TSJ en el acto conclusivo los abogados recomiendan pagar el día de mañana los 9. 3 millones que legalmente les correspodía pagar hace un año y no la deuda que legalmente les corresponde pagar a la presente fecha, es decir, 24.4 millones de bolívares
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